En un reciente giro político, el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, ha decidido temporalmente ausentarse de sus responsabilidades presidenciales mediante la emisión del Decreto Ejecutivo No. 500. Esta decisión, fechada el 7 de enero de 2025, designa a Cynthia Gellibert, actual vicepresidenta encargada, como reemplazo provisional en la jefatura del Estado.
Gellibert tomará las riendas desde las 17:00 horas del jueves 9 de enero hasta las 16:59 horas del domingo 12 de enero de 2025. Esta decisión se fundamenta en un contexto de «fuerza mayor» que obliga al presidente Noboa a una ausencia temporal de sus funciones.
El decreto estipula claramente que, durante este periodo, Noboa no hará uso de recursos públicos ni percibirá remuneraciones del Estado. Además, se solicita al Consejo Nacional Electoral (CNE) garantizar la seguridad del mandatario durante su ausencia.
La situación surge luego de un comunicado emitido por el CNE el 6 de enero, que recalca la prohibición para los servidores públicos de inducir al voto mientras ejercen sus funciones. En respuesta a este pronunciamiento, el decreto subraya la necesidad de evitar confusiones entre actividades presidenciales y proselitistas, dada la naturaleza «imprevisible e irresistible» de las interpretaciones ciudadanas sobre los actos públicos del mandatario.
El Decreto Ejecutivo No. 500 aclara también la importancia de distinguir entre los periodos de ejercicio presidencial formal y las fases de licencia para iniciativas electorales. Este enfoque busca resguardar los principios de transparencia y equidad ante el ojo público y electoral.
Cynthia Gellibert, quien asumió la Secretaría de la Administración del Gobierno en agosto de 2024, ahora se enfrenta a la tarea de liderar temporalmente el país. Su nombramiento original como vicepresidenta encargada refuerza el fundamento para su asunción transitoria de la presidencia, mientras Noboa participa en la campaña electoral.
Este movimiento estratégico subraya tanto las complejidades políticas electorales como los desafíos en la gestión del poder en un contexto de regulaciones y presiones. La alternancia asegura que las decisiones presidenciales no interfieran con el proceso electoral, alineándose con la normativa del CNE.
